A pesar de la salida de Nicaragua de la OEA, el país sigue sujeto a compromisos en materia de derechos humanos a través de otros tratados internacionales.
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Estos esfuerzos buscan enfrentar los retos tras la eliminación de la norma sanitaria (Título 42) que permitía expulsar a la mayoría de los inmigrantes irregulares en la frontera, una medida que posiblemente incremente el flujo migratorio.
Hay 10 demandas de inconstitucionalidad contra el contrato minero pendientes de resolución por la Corte Suprema, que se reunirá a partir del 24 de noviembre.
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