La creciente censura internacional y nacional contra las acciones tomadas en Guatemala para obstaculizar la asunción de Bernardo Arévalo a la presidencia en enero del próximo año. Organizaciones como la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos y expresidentes latinoamericanos han criticado estas acciones, acusando a las instituciones guatemaltecas, como el Ministerio Público, los tribunales de justicia y el Congreso (controlado por el oficialismo), de socavar la democracia.
Estados Unidos ha advertido sobre consecuencias para aquellos responsables de estos actos, incluso sugiriendo posibles sanciones económicas y personales. Este conjunto de acciones, conocido como el “Paquetazo de noviembre”, involucra desde acciones contra magistrados electorales hasta el binomio presidencial electo, incluyendo también el antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo.
La OEA y la Unión Europea han respaldado el proceso electoral como limpio y ejemplar, criticando al Ministerio Público por buscar probar lo inexistente. A pesar de los llamados a un diálogo mediado por la OEA, no ha tenido efecto hasta el momento.
El Departamento de Estado de EE. UU. ha amenazado con más sanciones tras retirar visas a varias personas por comportamientos antidemocráticos. Shirley Rivera, presidenta del Congreso, fue detenida en el aeropuerto cuando intentaba viajar a EE. UU.
En contraste con otros países, la candidata perdedora, Sandra Torres, no ha reconocido la victoria de Arévalo a pesar de su amplia ventaja en las elecciones. Su postura actual sigue siendo desconocida.
Be First to Comment